Creo que será uno de los más grandes correctivos que se den en este año por parte de la Justicia a la Junta de Andalucía, y van dos (el primero, la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la asunción exclusiva y excluyente de las competencias hidrográficas sobre el Guadalquivir).
No ha tenido la repercusión pública que se merece, pero la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, que ha emitido un auto en el que acuerda la suspensión cautelar de la incorporación del personal laboral de la Empresa Gestión Medioambiental (Egmasa) a la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, ha sido todo un torpedo en la línea de flotación de ese inmenso buque que transporta a 25000 enchufados de la Junta de Andalucía directamente a la función pública sin oposición.
Ha sido quizá la decisión más contestada por los andaluces ante la Junta de Andalucía, manifestaciones multitudinarias y abroncamiento de cargos públicos de la Junta incluídos. Mediante el Decreto de Reordenación del Sector Público de Andalucía, ha intentado "blanquear o funcionarizar" a la administración paralela de estómagos agradecidos del PSOE que son contratados a dedo y con el carné del partido en la boca, en el entramado de empresas públicas, agencias, agencillas, institutos, y demás menesteres donde el nepotismo se convierte en el charco fangoso donde refocilan los alcaldes fracasados, delegados, concejales y demás cargos públicos y amiguetes igualmente incapaces de vivir fuera del unto caciquil.
Bien por tanto, por la decisión del juzgado sevillano, que esperamos por el bien de todos, muy pronto se eleve a firme mediante la correspondiente sentencia, y que constituya un auténtico aldabonazo en la cara para todos los que andan frotándose las manos por un puesto de funcionario sin haberlo merecido mediante la igualdad, mérito, capacidad y publicidad. ¡A la administración por oposición!.