Debate CON LIBertad III: “La Ley 34/2006, sobre el acceso a los profesionales de Abogado y Procurador de los Tribunales.“ ¿A Favor o en Contra?

A FAVOR: Gema Mª Hinojosa Villegas, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén.

Nunca antes la entrada en vigor de una Ley, había levantado tantas ampollas entre los estudiantes de las Facultades de Derecho, lo cuales, en pro de mantener el ejercicio de la abogacía como una opción residual, ignoran lo que tras un largo proceso de deterioro, se encuentra a día de hoy, en una encrucijada vital, esto es, la eficacia de la tutela judicial efectiva, pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho. 

La realidad universitaria nos muestra cómo de las Facultades, donde nos enseñan a memorizar el Derecho pero no a ejercerlo, nacen a lo sumo juristas, que a la postre y tras un proceso de formación, serán Jueces, Administradores Públicos, Registradores o Profesores… y solo algunos optarán por el ejercicio directo de la Abogacía, sin embargo, la actuación ante los Tribunales de Justicia y las demás actividades de asistencia jurídica exigen la acreditación previa de una capacitación profesional. Así las cosas, la Ley 34/2006 da solución a este descompás, mediante una formación teórica y práctica complementada con una prueba final de evaluación, todo ello para garantizar que los candidatos a abogados, serán capaces de ejercer una dirección técnica eficaz, a la par que para homologar el ejercicio de la profesión, acorde con las exigencias de una Unión cada vez más integrada.

A modo de conclusión, me vienen a la mente la cuestión formulada en su día por el Presidente del CGAE: “¿Se dejaría operar por un licenciado en Medicina recién salido de la Facultad?”, y la respuesta dada a la misma; “lo mismo sucede con los licenciados en Derecho”. Efectivamente no nos podemos olvidar que, como colaboradores fundamentales en la impartición de Justicia, los abogados han de prestar un servicio que redunde directamente en la tutela judicial efectiva, y es en éste sentido, en el que la Ley ha supuesto un significativo paso hacia adelante.

EN CONTRA: Felipe José Romero Rumín, estudiante de Derecho de la Universidad de Jaén.

No siendo suficiente con la situación actual, el Gobierno de España, en un ejemplo más de su torpeza o malicia (ya no sé que creer), aplica a destiempo y de malas maneras la “Ley de la Abogacía”. El supuesto objetivo, no es otro, que él de compatibilizar los estudios españoles con los europeos. Y Para ello, durante los últimos años se ha llevado a cabo una gran reforma en los estudios universitarios; se han transformado las Licenciaturas y Diplomaturas, en Grados. Hasta aquí, vale.

Pero el colmo de la desfachatez ha sido la aplicación de la Ley 34/2006 de Acceso a la Abogacía y Procuraduría, para excluir a los nuevos Licenciados en Derecho (a partir de octubre de 2011). Se puede hacer un esfuerzo y entender que los estudiantes de Grado en Derecho tengan que cursar un Master, porque no abarca tantos conocimientos con la Licenciatura en Derecho (ésta, tiene unas viente asignaturas más).

La pregunta es: ¿por qué todos los Licenciados, de antes de octubre, no se han visto afectados, y los de los dos cursos que restan para la extinción (de la Licenciatura), sí? Una vergüenza. Los alumnos de estos dos últimos cursos (en los que me incluyo), nos estamos enfrentando a una carrera de cinco años y a dos años más de un Master (cuyo precio puede superar hasta los 12.000 euros). ¿Y todo para qué? Ni seremos funcionarios, ni saldremos colocados, ni nada por el estilo. Simple y llanamente, seremos abogados, como los que han terminado la carrera este octubre. La única diferencia es que la hemos aprobado unos meses más tarde. Hay un principio constitucional que se basa en la igualdad entre iguales… pero parece que soy el único que se acuerda de él.